A LA SALA TERCERA

DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA

 

 

IRENE GUTIÉRREZ CARRILLO, Procuradora de los Tribunales, en representación de

CELESTINO OKENVE NDO, VICTORIA BENADO DE ORELLANA, ELENA GÓMEZ DE ALDECOA, CLARA LÓPEZ DE LETONA LLAMA Y VÍCTOR HORTAL FERNÁNDEZ,

 

ante la Sala Tercera comparece y, como sea más procedente en derecho, DICE:

 

Interpone RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del Capítulo 1, Título V de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa, con fundamento respecto de la competencia para conocer de la pretensión en el artículo 58.1º de la Ley, Orgánica del Poder judicial, en demanda del AMPARO JUDICIAL previsto en el artículo 53.2 de la Constitución española por la INACTIVIDAD ADMINISTRATIVA del GOBIERNO ESPAÑOL que vulnera los derechos fundamentales contemplados en el artículo 15, en relación con el artículo 10.2, ambos de la Constitución española, por lo que se refiere al derecho a la vida y a la integridad física y moral y al derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes de ciudadanos de Guinea Ecuatorial, violentados por los poderes públicos que dirige el presidente Teodoro Obliang Nguema, con el favor, presunto, de las autoridades gubernamentales españolas.  La tutela judicial se recaba en virtud de los derechos reconocidos en los artículos 23.1 y 24.1, en relación con el artículo 53.2, todos ellos de la Constitución española.

 

I

 

Todo ciudadano de un estado conformado como estado de erecho espera de su gobierno que cumpla debidamente las obligaciones erga omnes contraídas con la comunidad internacional en su conjunto, sobre todo, si están concebidas para el más efectivo respeto y protección de los derechos esenciales de la persona.  De cualquier persona, sea nacional o no lo sea, esté en el territorio del estado o fuera de él.  De modo que, si el incumplimiento gubernamental, al tener lugar, lleva aparejada alguna relación de causalidad con la violación de esos derechos fundamentales, el ciudadano ha de poder demandar el control jurisdiccional del acto político o acto de gobierno que lo haya producido.  Con mayor motivo, si la violación resultante supone por su naturaleza y gravedad un crimen internacional, como lo son los delitos de lesa humanidad.

 

Es el caso más reciente de un número elevado de personas -se habla de varios cientos, sin poder determinar su número exacto - que están siendo víctimas de la represión política del régimen del presidente Teodoro Obiang Nguema, a quien el Gobierno español ha prestado en esta etapa, con criterios de política exterior nada justificables, toda suerte de atenciones que han propiciado la exacerbación del daño causado por la violencia y arbitrariedad de las autoridades ecuatoguineanas, en lugar de hacer uso de los mecanismos bilaterales o multilaterales disponibles para la prevención y control de esas conductas ilícitas cuya comisión, más que previsible, fue pronosticada por todas aquellas personas e instituciones sanamente interesadas en la suerte de los ciudadanos del país hermano.

 

Hasta tal punto ha llegado la falta de cuidado o de prudencia o de resolución del Gobierno español en este doloroso asunto que ha prescindido -cerrando lo ojos a la evidencia que tenía ante sí- de toda atención a los actos comisivos de la política genocida que el presidente Oblang estaba llevando a cabo con no poco lucimiento e instrucción general.  Las autoridades gubernativas españolas, entretanto, dedicaban su actividad exterior a prodigarle toda clase de gestos en foros internacionales en apoyo de un «proceso democratizador» con el que sólo ellas han fantaseado o al hacer de un comercio menudo tan enflautado como escaso de logros, sin importarles las instituciones que han afectado con su política necia e irresponsable ni malbaratar la oportunidad de privilegio brindada por la dirección de los intereses públicos europeos ni -lo que es más grave- la situación desesperada de las víctimas.

 

Por ello, se impone la necesidad de examinar, en el orden contencioso administrativo, la política exterior del Gobierno español en relación con Guinea Ecuatorial.  Es primordial para las «relaciones internacionales», competencia exclusiva del Estado, no del Gobierno, determinar si esa política gubernamental ha favorecido los actos ilícitos del presidente Oblang, pudiendo impedir su comisión, y, de ser así, en qué medida, por qué razón y, ante todo, por quién.

 

II

 

Al menos desde el pasado mes de marzo, el presidente Obiang Nguema viene aplicando una política represora sobre ciudadanos de su país, consistente en la práctica generalizada y sistemática de la tortura para obtener información o como simple castigo o con la finalidad de extender el miedo entre la población, el encarcelamiento prolongado en condiciones que violan los derechos más esenciales de la persona y normas fundamentales de derecho internacional creadas para protegerlos, la persecución a miembros destacados de colectividades con identidad muy definida o sencillos integrantes de estos colectivos, la desaparición forzada de personas que pertenecen a esos grupos y otros actos de similar inhumanidad centrados con precisión selectiva en las etnias bube y nkodjoeñ.

 

Los hechos recién indicados son tanto antecedente como consecuente de un proceso judicial que no ha dejado a salvo uno solo de los preceptos de las normas internacionales que aseguran a cada persona la esfera inviolable de sus «garantías mínimas» como hace, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  Tal ha ocurrido con la actuación del Ministerio Fiscal que ha elaborado la acusación pública sobre una prueba de cargo fruto de la tortura cuando no de su fabulación o de un tribunal que es remedo tosco y bufo del órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial al que suplanta o, en fin, con cualquier atentado contra la libertad y la seguridad personales que pudiera concebirse o ser apetecido ya que las instituciones fundadas para la defensa y tutela del individuo se han ocupado únicamente de representar los diversos papeles asignados para el acto que, el propio Ministro de Asuntos Exteriores español, no ha dudado en calificar de «farsa» haciéndose eco tardano de lo que ya era opinión universal.

 

Resultado de todo este enredo fue la gravitación sobre los procesados de diecinueve penas de muerte que sólo una oportuna e intensa presión internacional, ajena a las autoridades españolas, logró desactivar.  Si bien, la conmutación por privación de libertad no palía el enorme riesgo para la vida de los condenados, pues las condiciones de la prisión aseguran igual desenlace con una demora no excesiva, como anteriores experiencias han demostrado o, en esta ocasión, lo confirma la propia vida de Juan Ondó Nguema, primer fallecido de entre los condenados en este juicio. Joven policía, ha muerto tras permanecer cuatro días sin ingerir alimento alguno por decisión de las autoridades penitenciarias.  Su condena de seis años de prisión se ha debido al hecho de ser sobrino de Felipe Ondó Oblang, principal acusado en el juicio de Malabo, y de la persecución del presidente Oblang Nguema.

 

Desde la misma Declaración Universal de Derechos Humanos hasta la definición de los delitos de lesa humanidad y genocidio que contiene el Estatuto del Tribunal Penal Internacional, ya en vigor, sin excluir el antes mencionado Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención contra la Tortura o la también Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio o la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y otras varias normas que en el ámbito universal se ocupan de brindar protección a la persona individual o agrupada, no ha resultado incólume una sola de dichas normas por la acción devastadora de las autoridades guineanas, encabezadas por su presidente, contra el ordenamiento jurídico internacional.  Empezando por el primer artículo de la primera norma para acabar por el último artículo de la última norma, no ha quedado precepto a salvo de la vulneración correspondiente por los actos ¡lícitos de las autoridades ecuatoguineanas.  Con esta perspectiva se ha de comprender el artículo 10.2 de la Constitución española y ponerlo en relación con el artículo 1 5 del mismo texto constitucional para que éste sirva de protección efectiva de la vida, la dignidad y la seguridad personales de los ciudadanos ecuatoguineanos en grave peligro.  Protección que también es tarea obligada y en común de la acción solidaria internacional de los estados, entre ellos, del español y desarrollada por él con el ejercicio de la política exterior por medio de su Gobierno.  Motivo que invita a examinar la actividad gubernamental sobre el particular, con la pretensión del examen legitimada por el artículo 23.1 de la Constitución española, en cuanto a la participación directa en los asuntos públicos como derecho de todo ciudadano se refiere, en conexión con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que se demanda del órgano jurisdiccional del orden contencioso administrativo que ha de llevar a efecto el examen citado.

 

Instituciones de la autoridad, en materia de garantías personales, del Consejo General de la Abogacía Española o del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid se han ocupado con toda su solvencia de prestar atención a la vista del juicio de Malabo con observadores in situ, misión acordada oportunamente hace dos meses ante los inquietantes antecedentes que les llegaban, tales como la disolución del colegio de abogados ecuatoguineano o la asociación de periodistas, además de las torturas o las condiciones de privación de libertad o el desamparo e indefensión con que afrontaban los acusados su enjuiciamiento, entre otras muchas circunstancias a cual más grave.

 

Otra institución como el Parlamento Europeo adoptó hace un mes, ante el resultado y desarrollo del citado juicio, una resolución «sobre la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial» que no deja lugar a la duda sobre la gravedad del peligro en que se encuentran los ciudadanos ecuatoguineanos, la conciencia del problema y su valoración por la institución regional europea, además de las acciones que instrumento en defensa de esas personas en los diversos ámbitos en que está legitimada para actuar.  A esta iniciativa se ha sumado la Comisión Europea a través de una declaración expresada por el representante finlandés señor Liikanen.

 

Por esas fechas, en el Parlamento español, el senador Laborda Martín, testigo directo del juicio de Malabo en tarea de observador, interpeló al Ministro de Asuntos Exteriores, señor Piqué i Camps, acerca de la valoración del Gobierno español sobre el estado de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, en general, del juicio de Malabo, en particular, y del remedio que el ejecutivo español ha de aportar de inmediato a esta situación de emergencia.  La respuesta del ministro aclaró una posición personal -la suya- poco inclinada hacia las autoridades ecuatoguineanas, de las que tachó como «farsa» y «auténtico escándalo» su recreación del juicio y, a la vez, confirmaba la polarización en las decisiones como el nudo de la política exterior española respecto de Guinea Ecuatorial.  Mientras tanto, la posición oficial del ejecutivo español, tardía y nada espontánea, ha continuado expresándose hasta hoy mismo en términos de «preocupación» que, si desde un punto de vista moral, está bien, resulta un tanto escasa si se la considera como única respuesta a la que ha limitado toda su actividad política y jurídica gubernativa, esperada y reivindicada desde diversas instancias públicas o privadas, nacionales e internacionales.

 

De hecho, en el lapso de los últimos treinta días, se le ha pedido al Gobierno español, en sendos escritos, uno dirigido a su Presidente y otro al Ministro de Asuntos Exteriores, en nombre de las mismas personas que suscriben esta demanda, que él mismo adopte e impulse la adopción por otros gobiernos de medidas efectivas para proteger a los ciudadanos guineanos en peligro o ya gravemente lesionados.  Disposiciones de invalidez del juicio de Malabo o con efecto equivalentes un habeas corpus respecto a los detenidos desaparecidos o de compulsión para que Guinea Ecuatorial acepte la Jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, no son prevenciones imposibles de tomar o que no justifiquen una labor encaminada a su establecimiento, con el antecedente de la naturaleza criminosa de las violaciones cometidas por las autoridades ecuatoguineanas y la posición tan relevante -reconocida por todos- que han protagonizado instituciones públicas españolas en este deplorable asunto.

 

Frente a las posibilidades de actuación que le ofrecía el Acuerdo de Cotonú, suscrito hace dos años entre los países de África, Caribe y Pacífico y la Comunidad Europea, como señala la resolución del Parlamento Europeo citada anteriormente, y las facilidades de estar en el desempeño de la presidencia de la CE durante el arranque del asunto con las primeras detenciones y su desarrollo con la feroz represión subsecuente, el Gobierno español ha optado por desentenderse del problema humano que le salía al encuentro, mientras sus socios europeos se lo han permitido, centrando todo su interés en una versión de las relaciones económicas un tanto peculiar con sendas visitas de los secretarios de estado de Comercio y Turismo y Cooperación para hablar de la condonación de la deuda externa guineana y de la ayuda económica que percibe el país pese a su innegable riqueza.  La política comercial del petróleo ha sido otro tema destacado en las relaciones bilaterales, aunque no es tan fácilmente apreciable que esa política comercial concierna a los «intereses generales» españoles. A cambio, las autoridades gubernamentales españolas se han desvivido por que el presidente Oblang fuera ganando «prestigio democrático» en espacios internacionales cada vez más amplios, que él se ha ocupado de traducir en impunidad para bochorno general.  Dos decisiones del ejecutivo español han sido determinantes en el traslado del «prestigio» a la «impunidad».  Una, es la suspensión del programa de Radio Nacional que dirigía la periodista Rafi de la Torre, con una hora diaria de emisión, seis días de la semana.  Constituía la única defensa efectiva de los ciudadanos guineanos frente a los atropellos de su poder público.  Cualquier abuso de poder, era denunciado al instante y las ondas se encargaban de difundir la denuncia al último rincón del país e, incluso, fuera de él.  En infinidad de ocasiones una acción tan sencilla resultó suficiente para que la tropelía no siguiera adelante.  Son muchos los ciudadanos ecuatoguineanos que se han salvado de injurias y persecuciones gracias a la radio española, mientras ésta duró.  Motivo por el que se ha de presumir que la coincidencia no fue casual, en cuanto las autoridades españolas pusieron fin al programa radiofónico para Guinea, comenzó la actual etapa de represión en el país.  La otra decisión se refiere al apoyo incondicional a la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que implicaba la revocación del mandato al relator especial tras un informe de éste muy poco tranquilizador sobre la situación de reiterada violación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial.  No admite duda, más bien es opinión compartida por el común de las gentes, que esta situación represiva no se hubiera producido de no contar con el favor del Gobierno español.  En concreto, el representante de la presidencia europea explicó su voto al presidente de la Comisión de Derechos Humanos diciendo, entre otras cosas, «Nos preocupa la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial tal como se describe en el informe del representante especial.  Motivo de nuestra preocupación son el trato inhumano y degradante, los condiciones en las prisiones, el funcionamiento judicial, fundamentos legales para el ingreso en prisión, el derecho a un juicio justo, la discriminación de la mujer y la libertad de expresión entre otros.  Asimismo, nos inquieta la reciente ola de arrestos de miembros de la oposición.  A la luz de estos eventos, sentimos profundamente que ya no habrá un mecanismo específico en el país pare controlar el desarrollo futuro».  Esta declaración se hizo un mes antes del comienzo de las sesiones del juicio de Malabo y, por tanto, de que éste colmara con creces todas las expectativas de iniquidad.

 

El artículo 17.1 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992, establece que todo acto de desaparición forzada será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos.  Superan el centenar las personas desaparecidas tras ser detenidas por las autoridades ecuatoguineanas, de las que no se tiene noticia alguna.

 

La naturaleza permanente de este delito hace que hoy -once días después de entrar en vigor la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional- se actualice su comisión o la ejecución del hecho que lo supone haciendo su enjuiciamiento, con ello, competencia de dicho tribunal.  Sería conveniente para el Gobierno español, si no desea incurrir en alguna forma de coautoría o complicidad, tomar medidas al respecto.

 

Un número elevado de normas internacionales exhortan a las autoridades encargadas de la política exterior española a proceder en el asunto en cuestión con la diligencia y el cuidado de los que hasta ahora no le han hecho objeto ni han demostrado.

 

Por lo expuesto,

 

SUPLICA A LA SALA TERCERA: Tenga por interpuesto recurso contencioso administrativo por vulneración de derechos fundamentales producida por la inactividad administrativa del Gobierno español indicada y, previos los trámites de rigor, requiera el expediente administrativo correspondiente a fin de que sea puesto de manifiesto a los recurrentes para que puedan formalizar la demanda.

 

Justicia que pide en Madrid, a doce de julio de dos mil dos.

 

Celestino Okenve Ndo

Victoria Benado de Orellana

Elena Gómez de Aldecoa

Clara López de Letona Llama

Ltdo. Víctor Hortal Fernández

Proc: Irene Gutiérrez Carrillo